Desde que el actual presidente Javier Milei presentara el DNU el pasado 19 de diciembre, en el cual se derogan 32 leyes y se modifican parcialmente otras 19, entre ellas la Ley 18.829 de Agentes de Viajes, los integrantes de la actividad turística se preguntan porqué se los incluyó en un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Si bien los involucrados entienden la necesidad de modernizarla a los tiempos que corren, existe un abismo entre la medida y dejar a los miles de agentes de viajes sin un marco regulatorio y a millones de turistas virtualmente desprotegidos.

Asusta tanta ignorancia en la materia, porque ha pasado mucha agua bajo el puente para llegar al equilibrio alcanzado. Con errores y con aciertos, es cierto, pero producto de la evolución propia de los tiempos.

Cuando hablamos de ignorancias hablamos de desconocer lo que genera la actividad turística en nuestro país y en el mundo.

Ignorar por ejemplo que la actividad turística el año pasado generó casi 5000 millones de dólares con los pasajeros que llegaron desde el exterior, y estamos hablando de un país que necesita dólares para estabilizar su economía.

O ignorar que la actividad turística genera puestos de trabajo rápidamente y que después de la pandemia fue el sector económico que más empleos registrados creó hasta el día de hoy.

O quizás ignorar que la actividad turística contribuye con el desarrollo de las economías regionales, siendo una de las actividades económicas que más impacta en el crecimiento del interior del país.

Muchos de esos ítems son producto del trabajo de los mismos agentes de viajes, que hoy no saben qué lugar ocupan en la cadena de comercialización de la actividad turística y por consiguiente no saben cómo blindar al pasajero de posibles fraudes.

Sin dudas hay mucho por hacer todavía, pero el proceso es evolutivo y el trabajo conjunto de la administración pública con el sector privado han demostrado ser la fórmula más efectiva para el crecimiento de los destinos turísticos. Y los agentes de viajes son parte importante de ese sector privado.

Sin embargo, las autoridades nacionales y algunos asesores del presidente, insisten con una Argentina privatizada donde la actividad turística se desarrolle sin mirar el país que habitamos.  

Hace unos días apareció un informe presentado al Presidente Milei, que dice que la actividad turística está desarrollada al 20% de su capacidad. ¿En serio?¿Cómo saberlo? ¿Qué estudios se realizaron para dar por cierta esta información?  

Si de verdad existiera un 80% de capacidad sin explotar deberíamos ostentar un desarrollo turístico como España o México o Estados Unidos; y sinceramente estamos muy lejos.

Si se quiere mensurarlo, sólo por la falta de infraestructura estamos lejísimo del ideal. Imagínense la falta de vuelos, hoteles y personas calificadas aplicadas a la Industria Turística que nos falta. Esa infraestructura parte de un Estado presente que define la evolución del país que queremos.

Este informe, que contiene infinidad de inexactitudes, es la fuente de inspiración para decir las barbaridades que se dicen del negocio turístico y ha servido para elaborar el DNU y la Ley Ómnibus, en cuanto al turismo se refiere.

En el mientras tanto, los verdaderos actores del sector aún esperan tener un contacto con algún funcionario, aún no nombrado, para poder aclarar los furcios del informe.

Si es así, y tenemos algunas certezas, podemos decir con todas las letras: “señores, estamos mal”.

Porque la Administración Milei no está viendo las consecuencias de las medidas que se están tomando y lo que pueden provocar en el futuro desarrollo de la actividad. 

Si el sector turístico es el botón de muestra de lo que sucede en la Administración Milei, podemos asegurar que tenemos un problema.